Resumen y conclusiones del acto “Que la Crisis Capitalista no la paguemos los Trabajadores”

El viernes 5 de diciembre, a las 19:30 de la tarde tuvo lugar la Charla-Coloquio con el título “Que la Crisis Capitalista no la paguemos los Trabajadores” .
El acto dio comienzo con la intervención de Antonio San Román, Coordinador Local de IU-Castilleja de la Cuesta y Secretario Político Comarcal del PCA-Aljarafe, que en su presentación hizo un resumen de la crisis actual y de la necesidad de dar una respuesta organizada del partido a esta situación. Una vez terminado dio paso al compañero y camarada Lolo Silva.



El camarada Lolo centro su intervención en la resolución de Comité Provincial del PCA de Sevilla sobre medidas urgentes para contrarrestar los efectos de la crisis entre los trabajadores y las capas populares (descargar aquí ).

Realizo un análisis de la situación actual y expuso uno de los motivos fundamentales de esta crisis; la mutación de la base de la pirámide económica, provocada por el “Neoliberalismo”, en la que se ha colocado, no la producción de bienes y servicios, sino la pura especulación económica. Además dio claves para entender porque esta crisis del sistema capitalista no es comparable con otras anteriores (como la del 29). Y es que esta crisis engloba a una crisis crediticia, inmobiliaria, energética y alimentaria (fenómeno que los especialistas han denominado la “Tormenta Perfecta”).

Se hablo de la necesidad de colocar como premisas de la reivindicación política los elementos claves que caracterizan el sistema socio-económico socialista y que se resumen en:

1.- Contemplar siempre el interés social por encima del beneficio privado, buscando un desarrollo social que además sea ecológicamente sostenible.

2.- Control público y social de la economía, a partir de la planificación democrática y la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo y del excedente económico que se produzca.

3.- Creación de un Sector Público que incluya desde una Banca Pública (como primer paso de la nacionalización del sistema financiero) y abarque a todos los sectores estratégicos de la economía (energía, transporte, comunicaciones, industrias básicas, etc...)

4.- Mantenimiento de la gestión pública de todos los servicios públicos, y reconocimiento de todos los derechos sociales básicos como derechos subjetivos y exigibles.


También se mostró los intentos de los gobiernos de dar respuestas a esta crisis, sobre todo al sector financiero, de los que no podemos dejar de emitir una crítica contundente desde nuestra visión socialistas. Y es que, en estos últimos tiempos hemos asistido al desmoronamiento del sector financiero internacional y con ello al desmoronamiento del mito neoliberal en el que el mercado es el único regulador posible en la economía. Por ello vemos como se solicita la inmediata intervención de los Estados, no sólo inyectando mas dinero en el sistema, incluso nacionalizando bancos, eso si, solo nacionalizando las perdidas, los beneficios siguen siendo propiedad privada, al seguir repartiendo dividendos entre sus accionistas con el dinero inyectado por los estados.

En definitiva, en España, al igual que en el resto del mundo capitalista no se van a aplicar sino medidas que nada tienen que ver con las necesidades de la gente y es preciso organizar la más amplia movilización de respuesta para que la crisis del sistema capitalista no la paguen los trabajadores, al mismo tiempo que se aproveche para abrir políticamente el espacio para nuestras medidas de carácter más estratégico. Pero como quiera que la brutalidad de los efectos para la inmensa de la mayoría de la población tienen que ser respondidos en tiempo real, debemos proponer medidas concretas que contribuyan a ser un estímulo para la movilización general. Es por ello, que llamamos a emplear los superávits acumulados a lo largo de las últimas legislaturas en los Presupuestos Generales del Estado, así como el endeudamiento público que fuera necesario para poner fondos económicos al servicio de medidas de choque a favor del interés general. En este sentido proponemos tres líneas de actuación con carácter urgente y que son:

1. MAYORES EXIGENCIAS PARA LOS DESPIDOS COLECTIVOS

El artículo 51 ET dispone que se entenderá que concurren las causas justificativas de un despido colectivo “cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, sin son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos”.

Con tan amplia dicción, la actual situación de crisis económica -¿qué duda cabe?- puede ser utilizada de forma fraudulenta para reducir plantillas, externalizar servicios, etc. A fin de evitar que la laxitud de la expresión legal pueda dar lugar a tales abusos, se propone una nueva redacción del párrafo quinto del artículo 51.1 ET, de suerte que sólo casos de pérdidas económicas, debidamente justificadas y documentadas, puedan motivar un expediente de regulación de empleo.

Por otra parte, es precisamente en estos momentos cuando el Estado, como garante de los principios de igualdad real y legalidad (artículo 9 CE), debe extremar su vigilancia. En consecuencia ha de realzarse el papel de la autoridad laboral, de modo que su autorización sea necesaria en todo caso, pudiendo conocer del fondo del asunto y denegar la autorización aun en el supuesto de acuerdo empresa-representantes de los trabajadores. Ello exige la modificación de los párrafos primero y segundo del artículo 51.5 ET. Además, y como garantía, debe cambiarse el sentido del silencio administrativo, que pasaría a ser negativo.

Finalmente, la reforma del artículo debe conllevar la necesaria modificación, para cohonestar ambos preceptos, del artículo 52.c) ET (despido objetivo).

Por todo lo anterior se propone:

a) Dar nueva redacción al párrafo quinto del artículo 51.1. ET

“Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la empresa acredite documentalmente pérdidas económicas, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud a que se refiere el apartado dos de este artículo”.

b) Dar nueva redacción a los apartados 5 y 6 del artículo 51 ET

“5. Terminado el periodo de consultas, concluya éste con o sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial. La resolución se dictará en el plazo de quince días naturales a partir de la comunicación a la autoridad laboral de la conclusión del período de consultas; si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá denegada la medida extintiva en los términos de la solicitud.
La resolución de la autoridad laboral será motivada y congruente con la solicitud empresarial. La autorización procederá cuando de la documentación obrante en el expediente se desprenda que la empresa se encuentra en la situación prevista en el apartado 1 del presente artículo.

6. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior…. (Continúa el segundo párrafo del actual apartado 5)”.

c) Dar nueva redacción al apartado c) del artículo 52 ET

“Cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por la causa prevista en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto, el empresario acreditará tanto la existencia de pérdidas económicas durante, al menos, los dos años anteriores a la comunicación prevista en el artículo siguiente, como que el despido previsto contribuirá a solventar dicha situación de pérdida.
Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado”.

2. INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN DEL DESEMPLEO

Si, con carácter general, el desempleo ha de ser protegido siempre, mucho más en situaciones de crisis económica que hacen que, junto al incremento parado, disminuyan las posibilidades de encontrar nuevo empleo. Se hace preciso así ampliar la duración de las prestaciones que cubren esta contingencia.

Igualmente, y por la más que previsible carestía que ocasionará la crisis, resulta conveniente aumentar la cuantía de las prestaciones.

Del mismo modo, urge otorgar protección a las personas que no pueden acceder a las prestaciones por desempleo.
Por ello se propone:

a) Modificar la escala del apartado 1 del artículo 210 LGSS

De suerte que el período de prestación cubra desde un mínimo de 360 días a un máximo de 1440 días [De uno a cuatro años, en vez de los 3 meses a 2 años actuales]

b) Modificar el artículo 211.2 LGSS

De manera que la prestación abarque el 100% durante los primeros360 días y el 80% a partir del día 361.

c) Modificar el artículo 216 LGSS

En el sentido de establecer, para la percepción del subsidio con carácter general, un período de 3 años, ampliando igualmente la duración de las situaciones especiales previstas en dicho artículo.

d) Modificar los apartados 1 y 2 del artículo 217 LGSS

De forma que la cuantía del subsidio pase a ser igual al 100% del IPREM con carácter general, ampliándose la escala del 217.2 en consecuencia (100, 125 y 150%).
En base a los datos actuales de evolución del desempleo y previendo que no se producirá una recuperación del empleo en al menos los próximos tres años, el coste de esta medida referida a la ampliación de la cobertura por desempleo podría suponer para cada año de manera adicional unos 700 millones de euros, siendo el total para los tres años superior a los 2.000 millones. Esta estimación, como hemos apuntado, es conservadora, puesto que creemos que el porcentaje de perceptores es mayor para el tramo considerado que la media, por lo que el coste final podría alcanzar fácilmente los 2.500 millones de euros en el período 2009-2011.Este coste extra es más que asumible teniendo en cuenta por un lado, que el fondo de reserva de la Seguridad Social asciende a unos 50.000 millones de euros, y por otro la previsión de uso de fondos públicos que el Gobierno prevé para inyectar dinero en el sistema financiero es muchísimo mayor, y que nosotros proponemos sean destinados a estas políticas sociales.

e) Acelerar la tramitación parlamentaria de leyes (estatales y autonómicas) de desarrollo del derecho a la renta básica.

Destacando que esta medida está prevista en el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía.


3. GARANTÍA DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CASO DE SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO

Vivienda en propiedad

El Gobierno prevé una moratoria de 2 años en el pago de la mitad de la cuota mensual hipotecaria, con un límite de 500 euros, para trabajadores desempleados, pensionistas de viudedad y autónomos con cargas familiares que hayan cesado su negocio o acrediten pérdidas que reduzcan sus ingresos por debajo de unos 18000 euros.

Vista así la medida puede calificarse de ejemplar. Un trabajador que caiga en desempleo, y cuya hipoteca no supere los 170.000 euros, se ve liberado de pagar 500 euros mensuales de su hipoteca, un ahorro de 12.000 euros en los próximos dos años, de aquí hasta finales de 2010. Pero, ¿qué pasa en enero de 2011? Pues que la hipoteca subirá, y lo hará en una media de 100 euros.

En efecto, la medida anunciada por el Ejecutivo es sólo de carácter temporal, no condona la deuda hipotecaria durante dos años sino que solo la aplaza. Al término de la moratoria, el banco prorratea en diez años las cuotas que quedan por pagar del importe que no ha cobrado en esos dos años. La consecuencia para una hipoteca media es de un aumento de al menos 100 euros al mes, coincidiendo con el fin del cobro de la prestación por desempleo que en estos momentos tiene un tope máximo de precisamente 2 años. Hay que llamar la atención en que el Gobierno ha impuesto un plazo de diez años para recuperar la cantidad demorada, y no en la totalidad de la vida del préstamos -entre 25 y 30 años para las hipotecas normales- lo que habría disminuido el riesgo para los parados que se acojan a la medida.

Por ello se propone:

a) Moratoria en el pago de las hipotecas cuando se produzca una situación legal de desempleo (o cierre del negocio por pérdidas en el caso de autónomos con cargas familiares) de alguno de los miembros de la unidad familiar, de suerte que la cuota hipotecaria no absorba más allá del 30% de los ingresos familiares.

b) La medida anterior no tendrá límite en el tiempo, dejando de tener efecto cuando varíe la situación económica familiar. Habrán de establecerse garantías que impidan un uso abusivo de esta medida.

c) La parte que no se haya pagado podrá satisfacerse con posterioridad al cambio de la situación económica, en el plazo que sea necesario para que, en función del cálculo de la cuota hipotecaria, la misma no sobrepase el 30% de los ingresos de la unidad familiar.


Vivienda en alquiler

La medida anterior beneficia a los ciudadanos que han adquirido una vivienda en propiedad. Sin embargo, ninguna referencia se ha hecho por el Gobierno a aquellos que viven en régimen de alquiler. Aquí la moratoria en el pago de alquileres sería contraproducente, pues seguramente provocaría la huida del mercado inmobiliario de buena parte de propietarios. De ahí que se proponga la continuación en el abono del alquiler, en lo que exceda del 30% de los ingresos familiares, con cargo a un Fondo Público de Solidaridad Inmobiliaria. Por ello se propone:

a) Cuando en una unidad familiar que habite un inmueble en régimen de alquiler, se produzca una situación legal de desempleo (o cierre del negocio por pérdidas en el caso de autónomos con cargas familiares), la cuota del alquiler que exceda del 30% de los ingresos familiares será abonada por la Administración con cargo al FSI.

b) Como en el caso de la vivienda en propiedad, las cantidades abonadas por el Fondo serán restituidas cuando cambie la situación económica familiar.

c) El Fondo se nutrirá, de un lado, con un porcentaje (que podría ser similar al establecido para el Fondo de Garantía Salarial) a satisfacer por las empresas constructoras y los dueños de viviendas en alquiler, y en lo restante con cargo a los presupuestos generales.


Tras la intervención de Lolo Silva, se abrió un debate por parte de los asistentes en el que se aportaron opiniones e ideas sobre la crisis que actualmente sufrimos la clase trabajadora.