El Ayuntamiento de Castilleja obligado a ofertar VPO

Todos hemos podido leer en el El Correo de Andalucía una noticia que recoge que en el día de hoy, se ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Vivienda. Según este anteproyecto, en cuanto sea aprobada la Ley, los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes estarán obligados a crear registros de demandantes de vivienda protegida –que incluyan los datos de aquéllos que tengan necesidad de VPO– y a elaborar planes municipales de vivienda. En Castilleja de la Cuesta, estos dos puntos ya han sido aprobados en Pleno con el apoyo de IU.

El Grupo Parlamentario de IULV-CA, luchó en la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía porque se recogiese el derecho de todos los andaluces al acceso a una vivienda digna. Finalmente se consiguió que se incluyera en el Estatuto. El haber conseguido incluir este y otros derechos sociales, nos llena de orgullo, pero no lanzamos en ningún caso las campanas al vuelo, ya que convertir este derecho en una realidad, va más allá de que lo recoja el Estatuto. De hecho, ya la Constitución lo recoge y hasta ahora, no podemos decir que se haya cumplido.

La realidad del actual modelo económico se impone sobre los derechos sociales. Para que los derechos sean reales, es necesario que se pongan los medios para ello. De momento, el derecho a la vivienda sigue estando en manos de las grandes constructoras en la inmensa mayoría de nuestros municipios. Sin embargo, no podemos decir que sea imposible conseguirlo, ya que existen municipios donde se están poniendo los mecanismos para que ese derecho sea una realidad. En Marinaleda, la cooperativa municipal dota de viviendas a quien lo necesitan, en Sevilla capital, EMVISESA está consiguiendo cubrir una parte importante de la demanda, aunque no toda. Esto demuestra que con políticas de izquierdas que doten de medios económicos y materiales los derechos reconocidos a todos los seres humanos, es posible cubrir las necesidades básicas de la población.

En todo el Aljarafe, no hay un sólo municipio donde se ejecuten políticas que aseguren el acceso a la vivienda. El problema fundamental es la propiedad de los suelos y la ausencia de una empresa pública que asegure este derecho. Esto hace que la oferta de viviendas de VPO, simplemente no exista, o que su precio sea demasiado elevado para los más necesitados, las familias trabajadoras con pocos recursos.

Por ello, desde IULV-CA en Castilleja de la Cuesta, creemos que es necesario que nuestro Ayuntamiento, sólo o en colaboración con otros, cree las condiciones para que de una vez por todas, este derecho deje de vulnerarse. No todos los que vivimos en el Aljarafe y mucho menos los habitantes de la primera corona, podemos pagar los precios que hay en el mercado. Ya hemos dado los primeros pasos, crear el registro de solicitantes y aprobar la elaboración del estudio de necesidades. Sin embargo hay que dar varios pasos más:

- Constituir una empresa pública similar a EMVISESA de carácter comarcal. Además esta empresa sería una manera de combatir el incesante incremento del empleo y el endeudamiento de las arcas públicas.
- Hay que aprobar normas urbanísticas que acaben con la especulación del suelo.
- Ofertar no sólo VPO con derecho a compra, sino de alquiler y de alquiler con derecho a compra. Si no se utilizan estas dos últimas fórmulas, estaremos excluyendo a los más necesitados, las personas a las que no se les conceden créditos y que tienen tanto derecho como los demás a acceder a una vivienda.

Por supuesto estas propuestas necesitan acompañarse de otras de carácter supramunicipal, pero si los municipios no empiezan a dar la batalla en este sentido, no podremos avanzar en la consecución de este derecho que quedará, una vez más en papel mojado.

Desde nuestro grupo municipal vamos a llevar este debate adelante, del que creemos nadie puede pasar de puntillas.